El Gobierno flexibilizó las patentes para la biotecnología

El Gobierno nacional derogó una normativa que desde 2015 imponía restricciones al patentamiento de desarrollos biotecnológicos y restableció un esquema considerado más alineado con los estándares internacionales. La medida fue oficializada mediante la Resolución 197/2026 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y busca impulsar la innovación, la inversión y el desarrollo tecnológico en sectores estratégicos de la economía.

Según explicó el organismo, la resolución elimina criterios que habían generado dificultades para proteger invenciones vinculadas a la biotecnología, especialmente aquellas relacionadas con organismos modificados y sus componentes. De esta manera, vuelve a regir el marco normativo previo a 2015, que ofrece mayores certezas para investigadores, empresas y desarrolladores tecnológicos.

La decisión tiene especial relevancia para actividades productivas como la agricultura y la ganadería, donde la innovación genética y biotecnológica juega un papel cada vez más importante. Desde el Gobierno sostienen que una mayor protección de la propiedad intelectual permitirá acelerar la incorporación de nuevas tecnologías y fortalecer la competitividad de los sectores exportadores argentinos.

Impacto en el agro y la producción

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la medida representa un cambio clave para el desarrollo de la biotecnología en el país. Según señaló, las restricciones vigentes impedían proteger adecuadamente determinadas innovaciones, ya que exigían que los componentes modificados estuvieran aislados del organismo para acceder a una patente. “¿Cómo innova alguien sin certeza de que su invención será protegida?”, planteó el funcionario.

Para el sector agropecuario, la modificación abre la posibilidad de fortalecer el desarrollo de nuevas variedades vegetales, mejoras genéticas, herramientas biotecnológicas aplicadas a la producción animal y otros avances vinculados a la investigación aplicada. Además, la resolución incorpora una salvaguarda para terceros de buena fe que ya comercializan productos alcanzados por solicitudes de patentes en trámite, garantizando seguridad jurídica durante la transición hacia el nuevo esquema regulatorio.