El Senado aprobó la ley de propiedad privada tras eliminar dos capítulos

El Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei, luego de una sesión marcada por intensas negociaciones y cambios de último momento. La iniciativa fue aprobada por 37 votos contra 33, aunque el oficialismo debió retirar los capítulos referidos a la extranjerización de tierras y a la modificación de la Ley de Manejo del Fuego para reunir los apoyos necesarios. El texto busca agilizar los desalojos por usurpaciones y limitar las expropiaciones, mientras que el debate expuso fuertes diferencias entre el oficialismo, la oposición y los bloques dialoguistas.

La norma obtuvo el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO y senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas. Sin embargo, el Gobierno tuvo que resignar parte de su propuesta original para garantizar la aprobación. Primero eliminó el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales y, durante la sesión, retiró también los cambios a la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de respaldo de legisladores aliados.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, defendió el proyecto al sostener que «el espíritu del proyecto es simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales y garantizar el principio del artículo 17 de la Constitución Nacional». En ese sentido, explicó que la reforma establece que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima para reducir significativamente los tiempos judiciales. Respecto de la Ley de Manejo del Fuego, señaló que la modificación pretendía evitar que los propietarios de inmuebles incendiados fueran «doblemente castigados» por las restricciones vigentes, aunque finalmente ese capítulo fue retirado.

Un debate atravesado por fuertes cruces políticos

El cierre del debate dejó al descubierto las profundas diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el alcance de la norma. Desde el bloque Justicialista, el senador José Mayans calificó el proyecto como «un asco» y aseguró que la modificación de la Ley de Expropiaciones «es inconstitucional de cabo a rabo». Además, sostuvo que la iniciativa busca impedir que el Estado pueda recuperar empresas o bienes privatizados. En la misma línea, el senador pampeano Daniel Bensusán definió la propuesta como «un nuevo mamarracho» y denunció irregularidades en el tratamiento parlamentario al afirmar que el nuevo dictamen fue distribuido apenas una hora antes del inicio de la sesión.

También hubo cuestionamientos desde la Patagonia. La senadora rionegrina Ana Marks afirmó que considerar la tierra únicamente como un activo económico «es estar en contra del pueblo» y acusó al oficialismo de actuar como «cipayos y entreguistas». Además, rechazó el nuevo régimen de desalojos al advertir que el Gobierno no ofrece respuestas para quienes no pueden acceder a una vivienda y cuestionó que la solución propuesta sea acelerar las expulsiones de ocupantes.

Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta para fortalecer la seguridad jurídica. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, sostuvo que la ley «viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado» y aseguró que «ahora nadie te va a poder avasallar». En la misma línea, los senadores libertarios Gonzalo Guzmán Coraita y Nadia Márquez afirmaron que el proyecto brinda reglas claras para favorecer las inversiones, terminar con las usurpaciones y limitar las expropiaciones. Por su parte, el radical Maximiliano Abad acompañó la iniciativa, aunque advirtió que «las inversiones no van a venir porque se flexibilice una ley», sino por la existencia de estabilidad macroeconómica, instituciones sólidas y políticas de Estado sostenidas en el tiempo.