Gobierno prorrogó la emergencia energética hasta diciembre de 2027

El Gobierno nacional extendió la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026. La medida alcanza a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y busca garantizar la continuidad del servicio frente a la persistencia de problemas técnicos, financieros y de infraestructura.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, la decisión responde a que el sistema eléctrico continúa operando con condiciones críticas. Entre los principales indicadores, el Ejecutivo destacó que la reserva operativa llegó a apenas el 4,4% durante los picos de demanda registrados en febrero de 2025, mientras que más del 60% de las fallas en la distribución se producen en alimentadores con más de 25 años de antigüedad.

El Gobierno también advirtió que el sistema de transporte eléctrico enfrenta limitaciones estructurales, con estaciones transformadoras que operan por encima del 90% de su capacidad y obras de ampliación que demandan plazos de ejecución prolongados. En ese contexto, consideró necesario mantener herramientas regulatorias transitorias para sostener el funcionamiento del sistema y brindar previsibilidad a las inversiones.

Subsidios, tarifas e inversiones

El decreto señala que, si bien la cadena de pagos del sector mostró una mejora significativa, con una tasa de cobrabilidad de CAMMESA que pasó del 48% al 97%, aún persiste una importante diferencia entre el costo real de generación y lo que abonan los usuarios, especialmente aquellos que reciben subsidios.

De acuerdo con la información oficial, a mayo de 2026 los usuarios residenciales subsidiados cubrían apenas el 24% del costo real de abastecimiento a través del Precio Estacional (PEST). Por ese motivo, el Ejecutivo sostuvo que la continuidad de la emergencia permitirá avanzar de manera gradual hacia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), evitando incrementos bruscos para los sectores más vulnerables.

Además, el Gobierno remarcó que interrumpir el régimen de emergencia podría generar demoras en la ejecución de obras, afectar la regularización financiera del mercado, reducir la confianza de los inversores y aumentar los riesgos para la continuidad del servicio eléctrico. La prórroga también busca unificar los plazos con la emergencia vigente para el transporte y la distribución de gas natural, dada la importancia del gas en la generación eléctrica del país.