Energía
Lanzan la licitación para explorar un área offshore de 5.000 km²
El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de licitación para la exploración de hidrocarburos en el área CAN_200, ubicada en la Cuenca Argentina Norte (CAN), frente a la costa atlántica. La medida fue oficializada mediante el Decreto 590/2026 y contempla la convocatoria a un Concurso Público Internacional para adjudicar permisos de exploración y una eventual concesión de explotación.
La iniciativa se originó a partir de una manifestación de interés presentada en febrero de 2025 por la empresa Challenger Energy Group PLC. El área comprende una superficie aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados dentro de la Plataforma Continental Argentina y forma parte de la estrategia oficial para ampliar la búsqueda de recursos energéticos costa afuera.
El decreto sostiene que el desarrollo de nuevas áreas de exploración busca maximizar la renta de los recursos naturales, atraer inversiones y generar empleo. Para ello, la Secretaría de Energía será la encargada de elaborar el pliego de bases y condiciones y de llevar adelante el proceso licitatorio, que estará abierto a compañías con capacidad técnica y financiera.
El proceso prevé arbitraje internacional y protege activos soberanos
La convocatoria se apoya en la ampliación de la Plataforma Continental Argentina reconocida por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU en 2016, que incorporó más de 1,78 millones de kilómetros cuadrados bajo jurisdicción nacional.
Los futuros adjudicatarios deberán abonar regalías sobre la producción, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Hidrocarburos. Además, el decreto habilita la incorporación de cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales para la resolución de eventuales controversias.
No obstante, la norma aclara que esa disposición no implica renunciar a la inmunidad de ejecución sobre bienes estratégicos del Estado argentino. Entre los activos protegidos se encuentran las reservas del Banco Central, los bienes de dominio público, la infraestructura destinada a servicios públicos esenciales, los bienes militares y el patrimonio cultural.
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