Para CEPA la reforma laboral implica un traslado de recursos del trabajo al capital

El Congreso nacional avanza en el tratamiento del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, una iniciativa que, además de modificar derechos laborales, introduce cambios de alto impacto fiscal e impositivo. Así lo advirtió el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en un informe reciente que analiza los efectos económicos de la propuesta oficial.

Según el relevamiento, la reducción de un punto en las contribuciones patronales destinadas a obras sociales y sindicatos generaría un ahorro empresario estimado en 679 millones de dólares anuales. A su vez, el costo fiscal total de la baja de contribuciones patronales alcanzaría los 2.070 millones de dólares por año. El proyecto también crea un Fondo de Asistencia Laboral, financiado con el 3% de la masa salarial bruta, que podrá utilizarse para cubrir despidos y será compensable con contribuciones patronales, lo que reduciría recursos destinados al sistema previsional, PAMI y asignaciones familiares.

El informe señala además un nuevo régimen de incentivos a la formalización laboral que establece una reducción adicional de aportes patronales para nuevas contrataciones. En ese esquema, el empleador pasaría a pagar solo el 8% de contribuciones, incluyendo el aporte al Fondo de Asistencia Laboral.

Desde CEPA sostienen que estas medidas configuran una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el capital, con un impacto directo en el financiamiento del sistema de seguridad social y en la recaudación nacional. En ese sentido, advierten que la iniciativa se complementa con una reducción del impuesto a las Ganancias para empresas grandes y pequeñas, lo que afectaría la coparticipación y, en consecuencia, los ingresos provinciales, en un contexto de caída sostenida de la recaudación.

En cuanto al mercado laboral, el Centro de Estudios cuestiona que la reforma pueda generar empleo. El informe repasa experiencias previas de desregulación laboral en distintos períodos y concluye que esas políticas no impulsaron la creación de puestos de trabajo. Por el contrario, destacan que entre 2003 y 2015, con el esquema vigente de derechos laborales, se crearon más de dos millones de empleos y unas 200 mil empresas, mientras que entre 2015 y 2019 se destruyeron alrededor de 23 mil empresas y se perdieron cerca de 270 mil puestos de trabajo registrados.

El análisis también advierte sobre la exclusión de los trabajadores de plataformas digitales de la Ley de Contrato de Trabajo, sin incorporar derechos básicos como salario mínimo, vacaciones o aguinaldo, lo que profundiza la precarización laboral.

Desde CEPA sostienen que la reducción de costos laborales, en los términos propuestos, no garantiza una mejora en la creación de empleo y que el debate debería centrarse en mecanismos que fortalezcan el salario real, la demanda interna y el financiamiento del sistema previsional, sin trasladar el ajuste sobre los trabajadores y jubilados.