Marcha del 1F contra la Corte Suprema: fuerte rechazo de la oposición, el campo y la asociación de fiscales

Organizaciones sociales, políticas y económicas rechazaron la marcha contra la Corte Suprema convocada para este martes por sectores vinculados al kirchnerismo y respaldada por funcionarios del Gobierno nacional.

Los principales convocantes son el dirigente piquetero Luis D´Elía; el exjuez Juan María Ramos Padilla; la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández (aunque no formará parte de la marcha); el líder de Camioneros, Pablo Moyano; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que confirmó su asistencia, y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.

¿Quiénes rechazan la marcha?

Uno de los primeros sectores en manifestar el rechazo a la convocatoria fue Juntos por el Cambio (JxC), que le reclamó al Gobierno que retire su apoyo a la manifestación.

El espacio consideró que la marcha contra la Corte Suprema “no solo es ir en contra de lo que la Constitución establece, sino que se trata lisa y llanamente de una actitud golpista, como lo sería pretender la renuncia del Presidente o de un miembro del Congreso por fuera de los mecanismos que establece la Constitución”.

El bloque de la Coalición Cívica envió una carta al titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en la que aseguraron que la movilización “constituye violaciones a elementos esenciales de la democracia representativa”.

La Asociación de Fiscales, presidida por el fiscal federal Carlos Rívolo, manifestó su “profunda preocupación por las expresiones vertidas y acciones propuestas por algunos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, y exhortó “al poder político” a manejarse con “la debida prudencia”, y a evitar toda posibilidad de “vulneración de principios republicanos”.

Desde el campo, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) señaló que “rechaza enfáticamente” la convocatoria y señaló que “las declaraciones públicas en favor de marchas y/o aprietes a uno de los poderes del Estado resultan francamente intolerables, solo pueden albergar estas ideas, quienes creen que su pensamiento, único y politizado, es el que debe prevalecer más allá de los hechos y la libre resolución de los casos sometidos a la Justicia”.

Por su parte, un comunicado firmado por el presidente de CRA, Jorge Chemes, remarcó que “como todo poder, el judicial puede ser revisado en su funcionamiento y cambiar y/o agilizar, los procedimientos y duración de los casos sometidos a su sentencia”, pero entienden que “de ningún modo” se puede admitir, que, “denostando a los integrantes de la Corte Suprema” se consiga “un mejor servicio de Justicia”.

“El reconocimiento a la dignidad de la Justicia y en particular de la Corte Suprema y sus autoridades, es la base de la convivencia civilizada y un requisito institucional indispensable para encaminar a nuestro país en la senda del desarrollo económico y social sostenido”, señaló en tanto AEA.