Presentan dos proyectos para que se declare la emergencia hídrica en del Paraná, Limay y Neuquén

Ingresaron al Senado de la Nación dos proyectos de Ley proponiendo que se declare la emergencia hídrica, por 180 días, tanto en la cuenca del Paraná y de los ríos Limay y Neuquén, afluentes del río Negro. La autora de ambas iniciativas es Lucila Crexell (MPN).

De acuerdo al texto de la iniciativa, se solicita al Poder Ejecutivo crear “un fondo especial, con aportes del Tesoro nacional, para hacer frente a las acciones de asistencia a los damnificados y reconstrucción de las economías afectadas”.

En el caso del Limay, la senadora argumentó que “por la imposibilidad de retener agua”, habrá dificultades en la captación de agua para potabilizar en las localidades ubicadas aguas arriba de las represas. 

Sobre la situación en el Paraná, la propuesta de Crexell determina que “uno de los fines de la declaración es garantizar el acceso de la población al agua potable, ya que, ante la bajante, las empresas potabilizadoras de agua tienen mayor dificultad para tomar el agua, la que llega mezclada con barro y algas”. Y planteó que otra de las metas es “garantizar la navegabilidad a fin de que los flujos de comercio exterior sigan vigentes”.

El diagnóstico respecto de los ríos patagónicos, es que “la ausencia de precipitaciones y la falta de nieve anticipan un período de escasez del recurso que requerirá de medidas extremas”, y destacó que “el mayor problema se presenta en las localidades emplazadas aguas arriba de las represas, ya que les es imposible retener el agua y, dada la escasez del recurso, se generarán dificultades para el acceso a la misma”.

La falta de agua, por otra parte, repercutirá en el abastecimiento eléctrico del país, atento que “la cuenca de los ríos Neuquén, Limay y Negro tendrá limitantes para la generación de energía eléctrica, ya que el agua estará en función de los usos para abastecer las necesidades de los pobladores”. 

Desde lo fiscal, se pretende facultar al Poder Ejecutivo a instrumentar “regímenes especiales de pago que abarquen a los contribuyentes afectados”, y se prevén “prórrogas en los vencimientos de obligaciones impositivas y de la seguridad social, y suspensión de juicios de ejecución fiscal”, entre otras.