Informe: “La coparticipación promueve el clientelismo político”

“La mayor coparticipación que reciben las provincias más pobres profundiza su atraso porque se usa para expandir el gasto público clientelar. Por eso, es necesario eliminar la coparticipación para que cada provincia se financie con lo que recaude y a las provincias más pobres ayudarlas con un Fondo de Convergencia”, así comienza el último informe del  Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA). 

La propuesta de eliminar la coparticipación es muy discutida. En este contexto, los especialistas de IDESA exponen: “Por un lado, apareció el enfático rechazo a la eliminación de la coparticipación por parte de líderes políticos que llevan mucho tiempo gobernando las provincias más atrasadas y beneficiadas por el régimen vigente. Esto no sorprende tratándose de dirigentes que se sostienen en el poder gracias a un esquema que les transfiere una enorme masa de recursos de manera arbitraria. Por otro lado, aparecieron opiniones con fundamentos más académicos argumentando la necesidad de mantener un régimen de coparticipación a fin de garantizar la igualdad de oportunidades”. 

“Este planteo parte de la idea de que todos los habitantes de la Nación argentina deben tener las mismas oportunidades de desarrollo personal, independientemente del lugar en el que hayan nacido. En pos de esta meta se considera que es necesario redistribuir recursos públicos a través de la coparticipación para que todas las provincias tengan la posibilidad de brindar similares servicios sociales”, continúa el reporte.

 ¿Cuáles son los resultados de la ley?

Hace 34 años que rige la actual ley de coparticipación. ¿Cuáles son los resultados? Para responder, IDESA retoma datos del Ministerio de Economía y de Salud y observa que:  

• Las provincias del norte reciben de coparticipación un 58% más que el promedio.
• Las provincias del norte tienen 18% más empleados públicos por habitantes que el promedio de todas las provincias.
• Las provincias del norte tienen 18% más de mortalidad infantil que el promedio.

“Proponer mantener la coparticipación no es una política solidaria con las regiones más pobres. Todo lo contrario. Es sostener un esquema que promueve la baja calidad de las instituciones políticas y económicas que son la principal fuente de atraso de las provincias pobres. La degradación institucional proviene del uso clientelar de fondos públicos que la coparticipación permite y promueve. Por eso, es una ingenuidad plantear que los resultados serían diferentes si estas provincias tuvieran mejores gobiernos. Porque los malos gobiernos son el resultado de los malos incentivos que genera la coparticipación”, observa.

Y concluye: “La coparticipación sólo puede ser defendida para preservar intereses espurios o por falta de entendimiento de cómo funciona el Estado. Eliminarla no solo es necesario sino también posible. Incluso temas operativos, como por ejemplo la conveniencia de mantener centralizada la recaudación de impuestos, tiene resolución acordando que la AFIP siga siendo el ente recaudador por cuenta y orden de las provincias”.