La resolución sobre la barrera sanitaria genera preocupación en los productores ganaderos

El 18 de marzo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) publicó en el Boletín Oficial una resolución que modificaba las condiciones de la barrera sanitaria para el ingreso de carnes. Esta medida tenía como objetivo garantizar la sanidad del ganado y la inocuidad de los productos sin afectar la comercialización o el abastecimiento interno. Sin embargo, horas después del anuncio, la medida fue postergada por 90 días, hasta que se celebre una reunión entre los gobernadores de las provincias involucradas.

En diálogo con Realidad Económica, el secretario de Producción de Neuquén, Juan Peláez, manifestó su sorpresa ante la decisión del SENASA, ya que no había sido consultado previamente sobre los cambios en las normativas sanitarias.

La resolución, que permite el ingreso de carne con hueso desde el norte del río Colorado hacia la zona sur, generó una gran preocupación en las provincias patagónicas, donde los productores ganaderos temen que este cambio en las políticas sanitarias ponga en riesgo el estatus alcanzado tras años de esfuerzos y sacrificios.

“El cuidado de este estatus sanitario es fundamental para las provincias patagónicas”, señaló Peláez, quien destacó que las autoridades nacionales no habían informado ni debatido la medida con los representantes de las provincias.

Uno de los principales temores radica en que la medida, en lugar de disminuir los precios de la carne, podría tener efectos contrarios, elevando los costos en lugar de reducirlos. Peláez cuestionó las justificaciones económicas detrás de la resolución, señalando que ya existen cortes de carne sin hueso más caros en la zona sur que en el norte, lo que pone en duda que la medida tenga el efecto esperado sobre los precios.

“Es un poco aventurero tomar una medida con tan poca información sobre los posibles impactos”.

La postergación de la resolución por 90 días abre la puerta a un análisis más profundo sobre los riesgos sanitarios y económicos que esta decisión podría acarrear. Durante este período, se prevé un trabajo conjunto entre las provincias patagónicas, los productores ganaderos y los sectores involucrados en la cadena de valor de la carne para evaluar cómo se puede fortalecer la economía regional y evitar perjuicios para los productores.

“En esos 90 días, debemos analizar no solo cómo fortalecemos la economía regional, sino también cómo evitar riesgos sanitarios y revisar las dinámicas de precios dentro de la cadena de valor”, indicó Peláez.

Asimismo, destacó la importancia de que las autoridades nacionales consulten con los actores locales antes de implementar decisiones de impacto directo sobre el sector productivo.

Finalmente, Peláez también abordó la situación crítica del sector frutícola en la región, que enfrenta una crisis prolongada debido a la falta de precios adecuados y a la difícil situación de los productores que trabajan con maquinaria obsoleta y sin poder cubrir sus costos de producción.

“La crisis frutícola es un problema que se viene arrastrando hace tiempo. Aunque ahora se están destinando algunos fondos, la situación sigue siendo complicada para muchos productores”.