El Gobierno regula vapeadores y crea un registro obligatorio

El Gobierno nacional avanzó en un cambio de enfoque respecto a los productos de nicotina de nueva generación al habilitar su comercialización bajo un esquema regulado, dejando atrás el régimen de prohibición vigente hasta ahora. La medida fue oficializada mediante la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial, y establece un sistema de registro obligatorio para controlar la importación, venta y características de estos productos.

Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es reemplazar la prohibición por un modelo de control más efectivo. “Se busca establecer estándares mínimos de calidad y seguridad sanitaria”, indicaron, al tiempo que reconocieron que la restricción previa no había logrado frenar el acceso ni el consumo. En ese sentido, datos recientes muestran que los vapeadores y cigarrillos electrónicos alcanzaron una prevalencia del 35,5% entre adolescentes en el último año.

El nuevo esquema se alinea con regulaciones ya aplicadas en países como Estados Unidos y el Reino Unido, y contempla que dispositivos como vapeadores, cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado, líquidos para vaporización y bolsas de nicotina queden alcanzados por la Ley 26.687. Esto implica la inclusión obligatoria de advertencias sanitarias, restricciones en el diseño y la prohibición de mensajes o imágenes que resulten atractivos para menores.

Además, la normativa fija límites concretos sobre los productos que podrán comercializarse. Solo estarán permitidos sabores vinculados al tabaco —y mentol en el caso de las bolsas de nicotina—, mientras que se prohíben los dispositivos descartables precargados, considerados de alto atractivo para la iniciación en jóvenes.

Como parte central del nuevo sistema, se creó el Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina (RNPTN), que permitirá clasificar los productos, monitorear su consumo y ajustar la regulación en función de evidencia científica. Aquellos dispositivos que no estén registrados no podrán ser importados ni vendidos en el país.

El esquema también introduce exigencias técnicas y administrativas para las empresas, que deberán inscribir cada producto a través de la plataforma oficial, presentar su composición completa, estudios toxicológicos y certificaciones de laboratorio. A su vez, deberán informar datos de ventas y perfil de consumidores, con el objetivo de fortalecer la vigilancia sanitaria y prevenir el acceso de menores.

Desde el Gobierno destacaron que este nuevo modelo apunta a mejorar la capacidad de control estatal en un mercado en expansión. Según remarcaron, la combinación de registro, trazabilidad y monitoreo permitirá reducir riesgos, desalentar la comercialización ilegal y establecer un marco más claro para la industria.