¿Es correcto el nuevo esquema de tarifas?

“Las transferencias destinadas a abaratar los servicios energéticos son las que mayor peso tienen dentro de la Administración Pública Nacional. Con el nuevo esquema de tarifas segmentadas que propone el gobierno actual se mantendrá la fuerte incidencia de los subsidios sobre el déficit fiscal y la inequidad de seguir subsidiando a familias de ingresos medios y altos consumos”, es el conclusión de un informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).

Los analistas parten de una premisa contundente: Aumentar las tarifas tiene efectos adversos. “Por un lado, tiene efectos sobre los ingresos de los hogares reduciendo los salarios reales y la capacidad de consumo de los mismos y afecta el frente electoral del gobierno de turno. Por otro lado, ayudaría a atenuar el problema del déficit fiscal. El congelamiento de tarifas suele tomarse como una medida cortoplacista para proteger a los más vulnerables, sin embargo, según datos oficiales, el 50% de los usuarios de mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios a la energía eléctrica”.

Frente a esta disyuntiva, el gobierno actual estableció un sistema de tarifas segmentadas, mediante el cual los usuarios de los servicios de gas y electricidad pasarán a dividirse en 3 grupos según su nivel de ingresos: el primer nivel serán los únicos en pagar la tarifa plena e incluye a quienes tienen ingresos mensuales netos superiores a 3,5 canastas básicas totales o posean 3 o más autos o inmuebles, o tengan aviones o barcos, o acciones en empresas. El segundo nivel está conformado por los beneficiarios de la tarifa social con ingresos menores a $95mil mientras que el tercer nivel es un intermedio entre los dos anteriores quienes tendrán que inscribirse en el Registro de Acceso de Subsidios a la Energía (RASE) si aspiran a no pagar la tarifa plena

“Un esquema de tarifas consistente con el objetivo fiscal debería ser totalmente contrario a lo que se propone: todos los usuarios deberían pagar la tarifa plena menos los usuarios de menores ingresos que serían elegidos para recibir una tarifa social que financie el mínimo consumo indispensable. Siguiendo el esquema que plantea el gobierno y analizando los datos de la EPH sólo el 5% de los hogares pagaría la tarifa plena. El porcentaje restante, si se inscribe en el RASE, mantendría el consumo fuertemente subsidiado. De esta forma, se mantendrá la fuerte incidencia de los subsidios sobre el déficit fiscal y la inequidad de seguir subsidiando a familias de ingresos medios y altos consumos”, concluye.