CAME reclama cambios en la Ley de Inocencia Fiscal

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó a los presidentes de todos los bloques del Senado que incorporen una serie de modificaciones al proyecto que reformará la Ley de Inocencia Fiscal. El pedido se produce en momentos en que el Congreso se prepara para debatir la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y en un contexto marcado por el aumento de embargos y multas aplicados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a pequeñas y medianas empresas.

Desde la entidad sostienen que las modificaciones son necesarias para aliviar la situación financiera de las pymes y evitar que las medidas de control fiscal profundicen las dificultades que atraviesa el sector. Entre los principales planteos figura la suspensión temporal de ejecuciones fiscales, embargos y medidas cautelares mientras se implementan los cambios previstos en la normativa. La propuesta también contempla que ARCA no aplique sanciones durante el denominado “período de espera” previsto en el régimen.

Otro de los puntos impulsados por CAME apunta a reducir el impacto de las multas sobre los contribuyentes que regularicen su situación. La entidad propone que quienes subsanen las obligaciones reclamadas dentro de los 15 días posteriores al período de espera puedan acceder a una reducción del 50% de la sanción. Según el planteo, la multa total debería aplicarse únicamente a quienes incumplan una vez vencido ese plazo.

Además, la organización empresaria pidió la creación de un plan especial de facilidades de pago para deudas tributarias. La iniciativa contempla hasta 48 cuotas, una condonación del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. El esquema incluiría tanto obligaciones vencidas al 31 de mayo como planes vigentes o caducos, con el objetivo de ampliar las posibilidades de regularización para las empresas.

El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, consideró que el Senado debería dar prioridad al tratamiento de estas propuestas. “La situación requiere resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”, afirmó. Desde la entidad advirtieron que el pedido se realiza en un escenario de consumo debilitado y de creciente preocupación por el impacto que podrían tener futuras reformas tributarias sobre la competitividad y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas.